Desempleo, unificación del discurso y exclusión, las primeras consecuencias de las nuevas políticas de comunicación implementadas por el gobierno de Mauricio Macri. Un horizonte desolador, signado por mecanismos monopólicos y de concentración, que solo podrá iluminarse a partir de la defensa organizada de la ciudadanía comunicativa.
No fue pura casualidad. Los telegramas de despido empezaron a llegar a los trabajadores de prensa mientras el Jefe de Gabinete, Marcos Peña anunciaba por cadena nacional “el fin de la guerra del Estado contra el periodismo”, de la mano del DNU 267/2015 que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y la Ley 27.078.
Los efectos del golpe de timón aplicado a las políticas de comunicación en la gestión macrista se manifestaron de inmediato. Medios gráficos cerrando sus puertas y dejando en la calle a decenas de trabajadores de la comunicación. Periodistas de enorme trayectoria, identificados con el kirchnerismo, cuyos contratos no se renovaron. Programas de tv exitosos que se levantaron, mientras presuntos periodistas de investigación volaban en primera clase y sin escalas a Miami, para regresar reciclados y oliendo a perfume comprado en el free shop (tax free, of course).
Medios comunitarios y cooperativos, trabajadores despedidos o en situación de absoluta precariedad, saliendo otra vez juntos a las plazas, a defender la comunicación como derecho humano innegociable y a rechazar la avanzada legal del monopolio.
Como en un deja vu del esquema que logró transformarse en virtud de varias décadas de militancia, la legalidad volvió a presentarse como amiga del mercado manejado por grandes capitales concentrados, que no reservan sus intereses únicamente a sus empresas de medios.
Los medios –sus medios- responden más bien a una estructura amplia en la que se ponen en juego no solamente sus negocios televisivos o radiales, sino que se proyectan en los mercados deportivos y de bienes culturales en general. Pensemos en el caso de Fútbol para Todos o en la exclusión del canal de noticias Telesur de la grilla de la Televisión Digital Abierta (TDA), hoy en stand by, vaciada de recursos para generar nuevos contenidos.
Mentira la verdad
‘El periodismo son los medios’. Primera falacia en el relato macrista. Los periodistas no siempre se identifican con la línea editorial del medio en el que trabajan, ni con la ideología del patrón que les paga el sueldo. Tampoco existe una categoría absoluta que contenga las distintas expresiones que hacen al ejercicio de la práctica periodística. El periodismo, como todo abstracto, desideologizado e inmaterial, no existe.
La ‘intervención del Estado’ en el mercado de la comunicación es una ‘guerra’. Segunda falacia. La distribución del espectro radioeléctrico, su consideración como servicio público, la todavía pendiente regulación del negocio del papel prensa, la importancia de establecer porcentajes de producción audiovisual local y la distribución de pauta oficial tienen incidencia en la construcción de identidades, en el respeto por la libertad de expresión y también en la generación de empleo.
Cientos de puestos de trabajo del sector de la comunicación se perdieron desde diciembre de 2015 hasta hoy. El caso más emblemático fue quizás el del vaciamiento del Grupo Veintitrés, propiedad de los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, que puso en peligro 800 puestos de trabajo tras decidir discontinuar la salida del diario Tiempo Argentino (cuyos trabajadores se organizaron finalmente como cooperativa) y venderlo más tarde al Grupo Indalo, propiedad del empresario Cristóbal Lopez. Aduciendo falta de recursos hasta entonces provenientes de la pauta oficial, Szpolski también decidió paralizar las ediciones locales del matutino gratuito El Argentino y despedir periodistas en Radio Splendid y América. Este mes se sumó al listado el cierre del portal de noticias Infonews.
El despidómetro alcanzó además a Canal 9, Canal 26, BAE (Grupo Crónica), entre otros; y a los medios públicos Infojus Noticias, Radio Nacional y Canal 7, que sumaron así sus telegramas de despido al extenso listado de trabajadores del sector privado que fueron cesanteados en los últimos meses en todo el país.
El impacto de la progresiva concentración del mapa de medios sobre el mercado laboral, con ausencia del Estado, pone en marcha dos mecanismos conexos. Por un lado, la unificación de la línea editorial en función de intereses estrictamente mercantiles; y, en paralelo, la cartelización laboral, que implica la eventual práctica de una autocensura periodística, con el objetivo de preservar la fuente de trabajo y garantizarse la permanencia en los medios del grupo monopólico.
Las consecuencias resultan predecibles: refuerzo del discurso único, restricción al ejercicio del derecho a la comunicación y varios pasos atrás en la democratización del mapa de medios.
Geografías de la concentración
Queda claro entonces que cuando hablamos del derecho a la comunicación, también hablamos, necesariamente, de la distribución y la propiedad de los medios. Desde la economía política (Ecopol) de la comunicación es posible identificar tres tipos de concentración en el sector cultural: horizontal (expansión monomedia), integral (expansión vertical) y diagonal (conglomeral), cuando trasciende el sector de la comunicación. A estas categorías se le suma la de ‘convergencia’, que involucra al sector audiovisual, pero también a las telecomunicaciones y a internet.
Así, los servicios tradicionales de radio y televisión que se desarrollaron en América Latina entre la décadas del ‘20 y del ’60, se estructuran hoy en torno a los procesos ‘infocomunicacionales’, en los términos en que lo plantea Martín Becerra.
La composición del mercado de la infocomunicación es analizable en escala en toda la región. De hecho, los grupos empresarios se repiten o exhiben vínculos directos entre sí. Becerra (2015) reconoce tres vehículos principales de distribución de contenidos: tv paga, telefonía móvil e internet banda ancha. En el caso de Argentina, la televisión por cable se distribuye básicamente en cuatro manos: Cablevisión (Clarin-Fintech), DirecTV, Supercanal y Telecentro. Mientras que el servicio de telefonía móvil se reparte entre Claro (Telmex), Personal (Telecom-Fintech-Werthein), Movistar (Telefónica) y Nextel. En el caso de internet, las empresas que concentran la provisión del servicio son Speedy (Telefónica), Arnet (Telecom-Fintech-Werthein) y Fibertel (Clarín-Fintech).
Sus negocios son transversales y las estrategias mediáticas destinadas a la protección de sus intereses responden a la complejidad de sus planes de expansión en América Latina. Las asimetrías que genera este esquema se traducen al mismo tiempo en barreras para el pluralismo, la diversidad informativa y el ejercicio de los derechos comunicacionales y culturales consagrados en el derecho internacional.
Reubicarse en el mapa
No resulta extraño pensar entonces que sin la presencia del Estado, el mapa de medios se dirige hacia un escenario de libremercado y concentración de las comunicaciones, en el que los efectos de la convergencia tecnológica van en contra de la ciudadanía comunicativa y del empleo en el sector.
En el marco del anuncio de las modificaciones a la LSCA y a la ley Argentina Digital, Marcos Peña dijo: "Se van a sacar cepos a la industria para que se puede modificar y mejorar la necesidad de inversiones, para que pueda estar más claro el marco normativo y que haya un contexto de competencia que tiene que haber en el sector".
En criollo, esto se tradujo en un paquete de nuevas regulaciones aplicadas sin debate en el Congreso, que liberaron el camino a las fusiones de empresas y dejaron fuera de norma, nada más y nada menos, que al servicio de tv por cable, hoy fundamentalmente en manos de Clarín, y con llegada a 8 millones de hogares en Argentina. Su desregulación implica hacer la vista gorda al proceso de concentración y de expansión territorial del monopolio, que cubre el servicio de tv en zonas y poblados a los que no llega la transmisión por aire, ni –ahora mucho menos- la digital.
Es por eso que entre los nuevos 21 puntos que planteó la Coalición por una Comunicación Democrática para reabrir el debate sobre el mapa de medios en Argentina, la alusión a la propiedad diversificada resulta fundamental para evitar un nuevo blindaje mediático local y regional basado exclusivamente en los mecanismos y en la ideología de libremercado y en la lógica de consumo que -como ha quedado demostrado en nuestra historia reciente- no se lleva nada bien con el ejercicio pleno del derecho a la comunicación.
(Nota publicada en revista Deodoro / Junio 2016 Universidad Nacional de Córdoba)
